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04/05/2020

Rechazo a la contratación externalizada de psicólogos no especialistas para la atención a los profesionales de las UCIs

Los presidentes de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) y la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) han firmado un documento de consenso.

 

La pandemia por la COVID-19 ha supuesto una demanda desconocida para la sanidad pública que, en muchas CC.AA., ha estresado hasta el límite la capacidad del sistema y de sus profesionales sanitarios. En consecuencia, la labor desarrollada por los Servicios de Salud Mental ha intensificado la asistencia a pacientes, familiares y personal de primera línea, transformando la actividad habitual de nuestra disciplina.

Los Servicios de Salud Mental se han implicado activamente en la atención cercana a los profesionales sanitarios sometidos a un nivel de máxima exigencia y que ejercen, además, bajo condiciones extremas, con carencias en los equipos de protección, miedo al contagio, sobrecarga de trabajo, asistencia bajo condiciones de aislamiento, alta exposición a la muerte y/o al proceso de morir, etc. Estas circunstancias se intensifican aún más en el personal sanitario que ha atendido a pacientes críticos, con una carga de trabajo que en hospitales concretos ha quintuplicado las tareas habituales.

Por otra parte, los Servicios de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental hospitalarios y de interconsulta, que son los directamente concernidos en esta propuesta, se han caracterizado históricamente por su falta de multidisciplinariedad mayor que en otros ámbitos de la Salud Mental y con la misma precariedad en la dotación de profesionales.

Bajo este contexto, las sociedades aquí firmantes hemos tenido conocimiento de diversas iniciativas, vehiculizadas por Colegios Oficiales de Psicólogos y sufragadas con donaciones, para la contratación e incorporación de personal asistencial sanitario que ejercerán en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de hospitales públicos. Más allá de la falta de solvencia técnica e improvisación que denota la propuesta, desde las entidades aquí representadas ponemos de manifiesto lo siguiente:

1.    Lamentamos profundamente que no se haya incluido en la toma de esta decisión a los profesionales de estos hospitales públicos que llevan semanas organizando y trabajando en la lucha contra la pandemia. Es erróneo contratar personal externo seleccionado por un organismo ajeno al hospital donde van a trabajar. La demanda de personal debe surgir desde los propios servicios y las eventuales contrataciones gestionarse a través de los Departamentos de Recursos Humanos de las Consejerías de Sanidad para su integración plena en la organización sanitaria.

2.    Que el buen desempeño en la prestación de la asistencia relacionada con la salud mental en el contexto UCI implica tanto conocimiento como experiencia específicos en este ámbito sanitario, de extraordinario nivel complejidad. Solo la Formación Sanitaria Especializada a través de la residencia puede garantizar esa capacitación. No solo denunciamos la externalización, sino que se proponga que la prestación la realicen psicólogos sin la especialidad de Psicología Clínica.  Estos profesionales han de formar parte de un equipo coordinado desde el Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital al que pertenece la propia UCI.

3.    Que la situación vivida ha revelado amplias carencias de nuestro sistema de salud, tan bien valorado en otros aspectos, en la atención al cuidado del bienestar emocional de sus profesionales, así como en la prevención de complicaciones derivadas del impacto psicológico que supone el trabajo bajo condiciones extremas. Hemos de ser capaces de articular un esfuerzo continuado y amplio para cuidar a los que nos cuidan, ya que son nuestro activo más valioso, partiendo del empeño constante, evitando iniciativas improvisadas y de dudosa solvencia técnica como la que cuestionamos.

 

 

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